Congreso perfila alianza opositora para impulsar juicio político contra Samuel García
El Congreso de Nuevo León podría avanzar en los próximos días con el proceso de juicio político promovido contra el gobernador Samuel García, luego de que legisladores de distintas fuerzas políticas analizaran respaldar de manera conjunta la solicitud presentada por Morena.
De acuerdo con versiones surgidas al interior del Poder Legislativo, diputados del PAN y PRI estarían dispuestos a sumarse a la iniciativa impulsada por Morena, lo que permitiría reunir los votos necesarios para que el procedimiento continúe su curso y eventualmente llegue a una votación definitiva sobre la permanencia del mandatario en el cargo.
La petición, basada en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos, sería enviada con carácter prioritario a la Comisión Anticorrupción, órgano encargado de revisar la viabilidad jurídica del caso y determinar si existen elementos suficientes para abrir formalmente el expediente.
Fuentes legislativas señalaron que la comisión podría reunirse en los próximos días para discutir el tema y, en caso de aprobarse el inicio del procedimiento, se notificará al gobernador para que presente su defensa mediante los mecanismos legales correspondientes.
Posteriormente, la Comisión Anticorrupción tendría que desarrollar una etapa de análisis, recopilación de información y revisión de pruebas antes de emitir un dictamen. Dicho documento sería sometido a consideración del Pleno del Congreso, donde se requeriría una mayoría calificada para declarar procedente el juicio político.
La comisión está integrada por representantes de diversas bancadas, por lo que el respaldo de los grupos parlamentarios más numerosos resultaría determinante para que el proceso avance. De concretarse el apoyo de PRI, PAN y Morena, la propuesta contaría con una amplia mayoría legislativa.
El procedimiento se originó tras una denuncia presentada por dirigentes y legisladores de Morena, quienes argumentan que existen elementos para investigar al titular del Ejecutivo estatal. Los promoventes sostienen que las autoridades competentes deben revisar los señalamientos y determinar si procede alguna sanción política.
En caso de que el Congreso apruebe la procedencia del juicio político, el asunto sería remitido a las instancias correspondientes para continuar con las etapas legales previstas en la legislación estatal.
Mientras tanto, el debate sobre el posible desafuero del gobernador continúa generando reacciones entre los distintos actores políticos de Nuevo León, en un escenario que podría marcar la agenda pública durante los próximos meses.
