Caso Rocha sigue abierto: FGR no logra reunir pruebas suficientes tras cinco meses
Cinco meses después de que comenzaron las investigaciones contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, la Fiscalía General de la República (FGR) todavía no concluye el expediente ni ha informado sobre elementos suficientes para proceder penalmente contra los señalados.
La indagatoria comenzó después de que autoridades estadounidenses solicitaron, a finales de abril de 2026, la detención provisional con fines de extradición de diez ciudadanos mexicanos, entre ellos Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.
Tras conocerse las acusaciones provenientes de Estados Unidos, la FGR inició sus propias diligencias para determinar si existían elementos que permitieran acreditar posibles delitos conforme a la legislación mexicana.
Desde entonces, varios de los involucrados han comparecido ante el Ministerio Público Federal. A finales de mayo, la Fiscalía informó que cinco de las diez personas señaladas ya habían rendido declaración y que las investigaciones continuarían para deslindar posibles responsabilidades.
FGR reconoce falta de elementos suficientes
En julio, David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, explicó que la información disponible hasta ese momento no alcanzaba el parámetro probatorio mínimo requerido por las leyes mexicanas.
Esto no significó el cierre de la investigación ni una resolución definitiva sobre las acusaciones. La Fiscalía mantuvo abierto el expediente con la posibilidad de incorporar nuevos elementos.
Uno de los principales puntos del caso ha sido la información proporcionada por Estados Unidos. La FGR ha señalado que las acusaciones realizadas por autoridades estadounidenses pueden servir como punto de partida, pero deben ser respaldadas por pruebas que cumplan con los requisitos establecidos por el sistema judicial mexicano.
Sheinbaum deja resolución en manos de la Fiscalía
La presidenta Claudia Sheinbaum se ha pronunciado sobre el futuro del expediente y ha señalado que corresponde exclusivamente a la FGR determinar qué sucederá con la investigación.
En agosto, la mandataria planteó que, si la Fiscalía no encuentra pruebas suficientes, deberá proceder al cierre del caso; en cambio, si obtiene elementos que permitan acreditar algún delito, tendrá que continuar con las acciones correspondientes.
El desarrollo de las investigaciones también ha generado cuestionamientos de analistas y políticos de oposición, quienes han señalado una supuesta diferencia en la actuación de la Fiscalía dependiendo de las personas investigadas.
Esas críticas representan posicionamientos políticos y opiniones de especialistas, y no constituyen por sí mismas evidencia sobre la actuación de la institución.
Mientras tanto, el expediente permanece abierto y no se ha informado públicamente de una judicialización en México contra Rocha Moya o los otros funcionarios incluidos en esta investigación.
El caso queda así pendiente de nuevos elementos que permitan a la FGR determinar si existen bases legales para avanzar hacia un proceso penal o, en su defecto, cerrar definitivamente la indagatoria.
